Lo que sigue es fruto de largos años de lucha. De la dignidad de esa lucha y, fundamentalmente, de lo colectivo de ese proceso.
Por consiguiente, los datos, las reflexiones, las proyecciones y las propuestas llevan en su seno la dignidad y legitimidad que esa lucha le imprime. Bajo ningún aspecto son reflexiones apresuradas, pre nociones o ideologismos. Es la cruda realidad con la que se encuentran los que luchan y que, desde afuera, puede parecer a veces inverosímil. Asumimos esa dificultad de expresar los que esta callado e intentamos hacerlo de la manera más clara, con la mayor cantidad de pruebas y a esperas de encontrar, del otro lado, la misma predisposición para escucharlas.

A los fines de la presente denuncia, y para evitar cualquier maniobra legal que pueda perjudicar a la organización, los propietarios de la tierra serán llamados como “ex Aldea S.A y asociados”. Los nombre particulares pueden ubicarse fácilmente observando quienes son los titulares de los barrios privados de la ciudad o ingresando en infomapa del sitio MR. Allí ubicar los planos de mensura de diferentes lotes de las secciones catastrales 13, 14, 15 y 16.

A raíz de los violentos hechos sucedidos en el barrio Empalme Graneros Giros profundizó su tarea militante y las investigaciones que se venían realizando sobre el territorio y, vinculando los datos, los resultados son inquietantes. Se reflejan aquí la posibilidad concreta de que en el territorio en disputa se esté planificando un nuevo barrio privado. De esta forma se explica la violencia que sufrió nuestra organización en estos últimos meses a través de diferentes métodos como el desalojo y demolición del centro cultural, la detención de 4 militantes y las fuertes y constantes operaciones del Estado Municipal para impedir nuestra presencia en el barrio.

Tal y como venimos planteando desde hace 4 años, un modelo de sociedad excluyente se impone en Rosario. Esta vez  ya no hablamos de un caso puntual como fue, a modo de tristemente célebre paradigma, Nuevo Alberdi. Hablamos de toda la ciudad y con pruebas en la mano.
A través de la vinculación de los casos de Nuevo Alberdi y Empalme Graneros se descubre una trama donde la concentración económica se encarna en la fragmentación física de la ciudad: un solo grupo económico es dueño (solo con la información a la que tuvimos acceso) del 9% de la ciudad. Posee ya 1.444 ha en las zonas más estratégicas de la ciudad. Y si este cálculo se hace no sobre el total de la ciudad sino sobre la superficie urbanizada, el número de monopolio haciende al 13%. El estado municipal, quien tiene la potestad para distribuir o concentrar los usos del suelo, es cómplice permanente de este monopolio no sólo dejándolo actuar, desalojar, y concentrar sino también planificando casi toda la obra pública más importante de la ciudad en su beneficio.
Esta pretende ser una denuncia pública, política, desde la militancia cotidiana desde los territorios, a los fines de que los diferentes mecanismos de la democracia investiguen de oficio las compras y las ventas. Los tiempos y la planificación de la ciudad. La relación política del monopolio y el gobierno local, no solo para penar en caso de ser necesario sino también para impedir que la impunidad se instale como práctica, la fragmentación como política y que sigan perdiendo (y ganando) los mismos de siempre.

En el caso Nuevo Alberdi nos cansamos de repetir cómo las trágicas inundaciones tenían que ver con la especulación y cómo los privados se apropiaban de la plusvalía generada por el estado con la obra pública. Casualmente TODOS los countries y latifundios del monopolio se ubican bajo la mancha de inundabilidad, la mayoría también sobre zonas rurales y no urbanizables.  Señalábamos también que estas categorías (inundabilidad, y usos del suelo) eran móviles. Es decir, son fruto de una decisión política que se fija por ordenanza.  En un primer caso, donde hacer obra pública y en el segundo,  donde expandir y donde no la ciudad. La compra por parte del monopolio nunca es casual y la especulación tiene dos etapas. En el inicio la compra de grandes extensiones de territorios a precios irrisorios (ver aparte), allí comienza. Pero como en toda gran estafa se necesita más de uno, la especulación triunfa y se confirma cuando “justo” allí el Estado decide invertir y además le brinda al monopolio los indicadores urbanísticos para perpetrarse.

Más allá del complejo entramado de sociedades y  fideicomisos ad hoc que se arman para este tipo de emprendimientos, los mismos nombres se repiten constantemente en los datos catastrales de las secciones 13, 14, 15, 16 y 17. De esta forma a través del otorgamiento de los indicadores urbanísticos, el municipio cedió  gran parte del norte, noroeste y oeste de la ciudad a un sólo grupo económico. Literalmente entregó para su privatización todos los sectores de expansión de la ciudad.

“Una de las principales cuestiones a resolver por los desarrollistas de “Los Pasos”, fue la barrera interpuesta por quienes se oponían al proyecto manifestando que se trataba de tierras no urbanizables. En efecto, parte de los terrenos adquiridos eran inundables por su cercanía con el cauce del Arroyo Ludueña, por lo que fue necesaria la contratación de especialistas que encontraran la solución al problema. A esta situación se le sumaron otros asuntos que fueron retrasando el lanzamiento del barrio: “Demoramos un tiempo en la negociación con la Municipalidad de Rosario por los índices y los códigos urbanos en cuanto al uso del suelo. Estos terrenos en alguna época fueron tierras inundables, pero con alguna obra de infraestructura que tenemos que hacer, esa misma condición es la que nos permitirá construir la cancha de golf”, explicó xxx. Así, con la ayuda de los especialistas, el primero de los obstáculos pasaba a convertirse en una ventaja aprovechable para el proyecto.”
fuente: revista “coterranea”

El ámbito del urbanismo es quizá el único espacio de la economía donde el estado municipal tiene capacidad de intervención total. Sin la aprobación municipal nadie puede hacer nada por más que tenga bajo su propiedad a toda la ciudad. La planificación de la ciudad es de estricto carácter público y debe atender esos intereses.  En los últimos años la subordinación de los intereses públicos a los negocios privados es alarmante. Sólo basta con superponer los mapas de las tierras del monopolio con los planos del “plan urbano 2007-2017” y la connivencia salta a la luz. No sólo es la zona de mayor obra pública sino que en el plan urbano, todos los indicadores de suelo son modificados a pedido del monopolio.  La mayoría de los proyectos del norte y noroeste son barrios privados.
Cuál es el criterio de lo público si la ciudad se expande a la estricta necesidad de los intereses privados? Donde está la intervención del Estado con algún carácter progresista?

Es sorprendente observar como la zona del monopolio es la de mayor conectividad de toda la ciudad. Con los accesos ya existentes los territorios poseen una conectividad ideal. Pero si a eso se le suma las nuevas obras viales ya no estamos hablando de pura coincidencia o de alguna obra de favor sino de una planificación de muchos años, consensuada y avalada por ambas partes, por lo público y lo privado. 
La obra decisiva, y la que genera más suspicacia es la avenida de la segunda ronda, una de las tantas del plan circunvalar dos. Esta importante arteria une, de manera exacta y precisa, todos los emprendimientos y latifundios del monopolio.  Las curvas y los colores se ensamblan con tanta claridad y sutileza que es imposible pensar en la pulcritud de los procesos de planificación.

Con el actual esquema de concentración de la tierra y la obra pública planificada a su medida, la avenida de la segunda ronda en una letal combinación con la proliferación de barrios privados y desalojos silenciosos, va consolidando el fututo conurbano de la ciudad. Se perpetra así la expulsión de los sectores populares hacia afuera de los límites del municipio. La periferia que hasta ayer era considerado el último reducto de la marginalidad, es hoy el “futuro” de la ciudad.  Observamos cómo se plantea entre las dos circunvalaciones,  un anillo verde de urbanizaciones privadas. Este mismo anillo es habitado hoy por los sectores más castigados que ven profundizada su situación de exclusión por la inestabilidad de sus territorios. Por verse forzados a desalojar y retirarse aún más de los límites de la ciudad. Esta es hoy la principal política urbanística del municipio que traerá aparejado la complejización de la situación social en la región, agudizando la marginalidad y provocando la denigración de la vida de los sectores populares.
Como espejo de injustica está, inconmovible, el conrubano bonaerense. Como futuro inmediato de no cambiar rotundamente la política urbana de la ciudad. De no transformar desde ahora y para siempre, la espuria relación de los grandes grupos económicos con un municipio cómplice y esclavo.

Como venimos denunciando hace mucho tiempo, el nefasto artilugio que permite la entrega de la periferia es el convenio público-privado. El ejecutivo encontró en esta figura la forma de evitar cualquier normativa pre escrita para un emprendimiento. Todos son “planes especiales de concertación público-privada”. La legalización del negociado y la planificación  pública “just in time” para los monopolios es avalada por este mecanismo que se consolidaría de aprobarse el plan urbano tal como está previsto.

A lo largo de los años de lucha, en Nuevo Alberdi primero, en Empalme después y en la mayoría de los barrios de la periferia con los que nos fuimos encontrando y organizando, la preocupación fue siempre la misma : cómo dignificar nuestra vida en nuestros territorios en medio de la avanzada privada? Cómo resistir la expulsión de la ciudad que nos es negada?
Para ello nos estamos organizando en los diferentes “Foros Territoriales de la periferia” para que la dignidad pueda vencer a los indignos.
Y en medios de esa lucha, por la propia dinámica de los procesos de construcción territorial de Nuevo Alberdi y de Empalme graneros, llegamos a elaborar varias propuestas que ya han sido presentadas en todos los espacios institucionales que fueron abiertos. De esta manera presentamos, nuevamente y con la firme convicción de llevarlas hasta el final, tres grandes propuestas:
- Declaración de emergencia habitacional y disputa por la periferia
- Aprobación del proyecto integral “El nuevo Alberdi”
- Investigación de oficio por parte de la justica de los procesos de concentración de la tierra que aquí denunciamos.
El concejo se comprometió hace más de un mes a dar una respuesta al pedido de declaración de emergencia. Todavía esperamos.
El estado municipal se niega desde hace casi un año a dar una respuesta al proyecto integral de Nuevo Alberdi que elaboramos con la Asamblea.
Ante este panorama damos la última chance para que el estado municipal muestre públicamente a favor de quien está. A que intereses defiende.
Es así que esperamos el inmediato envío por parte del ejecutivo al concejo, de dos mensajes: por un lado con  declaración de la  “Emergencia Habitacional y disputa por la periferia” y por otro la declaración de interés social de la zona de Nuevo Alberdi. De esta forma nos encargamos nosotros mismos tanto de la expropiación en las cámaras provinciales, como de la realización del proyecto “el Nuevo Alberdi”, que puede contemplar más de 1500 viviendas de manera autofinanciable. Además exigimos que se explique cuál es el futuro de la zona de empalme graneros en manos del monopolio.

La idea de la declaración de emergencia habitacional y disputa por la periferia es que el Estado asuma de una vez por todas la realidad de fragmentación que sucede ante sus ojos, y se configure un espacio institucional con recursos humanos, técnicos y financieros para frenar el futuro inminente de la periferia y buscar soluciones integrales al problema de los territorios en disputa.
Ya estamos trabajando con un equipo técnico que defina con más precisiones los alcances de las propuestas en términos de frenar desalojos,  inhibir ciertos territorios, etc.

El proyecto ya está en su etapa de proyección y cuenta con  avales técnicos de factibilidad. Es un proyecto único que contempla no solo 1500 viviendas, para los sectores populares (un sector subsidiad y otra vía crédito), sino también espacios públicos, importantes centros productivos, educativos y culturales. Lo único que hace falta es la voluntad política de la provincia para la expropiación y que el municipio deje de impedir la realización del proyecto.  Además de la etapa técnica, estamos en pleno dialogo con sectores de sindicatos afines y movimientos sociales para hacer aun más integral la propuesta.