“Ciudad y Cuestión Social” trabaja en la ”Comisión de Tierra y Vivienda” de la Asamblea y, como área dentro de las prácticas territoriales de giros se propone como objetivo la construcción colectiva de organización autónoma de base, teniendo como objeto específico el abordaje de las problemáticas estructurales que afectan a los sectores marginales de la ciudad. La imposibilidad del acceso al suelo, a la vivienda propia, a los servicios básicos de luz, agua, transporte aparecen generalmente como preocupaciones básicas de los sectores populares, las cuales no suelen estar en la agenda del Estado y, cuando en el mejor de los casos lo están, son abordadas a partir de políticas parciales, desagregadas y bastante alejadas de la necesidades reales y particulares del territorio. De este modo, es preciso dejar de lado las políticas de hábitat tradicionales, las cuales a través de mega planes de vivienda pretenden “resolver” la situación de aquellos hogares más precarizados, y emprenderse en la construcción colectiva de políticas públicas que apunten, ya no sólo a “levantar viviendas sociales” sino a “construir ciudad”.

En este sentido, y sosteniendo la dimensión territorial de estos conflictos como eje transversal, desde “Ciudad y Cuestión Social” trabajamos en pos de la formación y el fortalecimiento de experiencias que intenten transformar las lógicas tradicionales de resolución de estas problemáticas de carácter estructural. Para ello, desarrollamos metodologías y estrategias que tiendan a profundizar el conocimiento social, económico, urbano y ambiental del barrio y su inclusión en la estructura de la ciudad para habilitar así, alternativas viables, factibles y sostenibles de integración socio- espacial. Con la convicción de que es posible la ciudad inclusiva que deseamos, trabajando colectivamente aquí y ahora en su construcción, apostamos al desarrollo de intervenciones territoriales innovadoras, desde y para, los sectores populares, siempre basadas en la promoción de capacidades que contribuyan tanto al fortalecimiento y autonomía de las organizaciones de base como a la participación de éstas en el diseño de políticas públicas estructurales.